Reyes Amisufuén Tello
PERUANO DETENIDO POR DROGAS SERIA AHORCADO EN MALASIA
MALASIA - abril 2011.- La muerte en la horca es la pena que aguardan 702 personas encarceladas en Malasia y la mayoría de ellas por narcotráfico, delito por el que de año en año aumenta en el país asiático el número de condenas que acarrean ceñir la soga al cuello. El peruano Reyes Amisufuén Tello, de 32 años, que fue detenido en mayo de 2007 con poco más de un kilo de cocaína, es uno de entre el total de 68 reos que en 2009 fueron condenados a la pena capital por un tribunal de Malasia.
Esa cifra de personas condenadas a morir en el patíbulo casi se duplicó el pasado año a raíz de que el Alto Tribunal de Kuala Lumpur, que es el único competente en casos en los que fiscalía pide la máxima pena, dictara nada menos que 114 condenas capitales, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.
“Esto significa que cada semana se le comunica a alguien que será colgado hasta que muera”, apunta un activista de la representación que Amnistía Internacional (AI) tiene en Malasia.
La mayor parte de los condenados a muerte pasan por el presidio de Sungai Buloh, situado a las afueras de Kuala Lumpur y adonde la semana pasada fueron trasladados Luis Alfonso de 47 años, José Regino, de 36 años, y Simón González Villarreal, de 33 años, tres hermanos mexicanos sobre quienes se cierne la pena capital. Los tres hermanos fueron detenidos en marzo de 2008 en una nave industrial de la ciudad de Johor Baru, en la que la policía encontró supuesto material para la fabricación de metanfetaminas, precursores químicos y cerca de 29 kilos de esa droga.
El Alto Tribunal ha citado a los tres hermanos los días 27 y 28 de abril para que expongan por medio de su abogado Kitson Foong, el argumento de en su defensa, confirmó el letrado de los acusados. Desde 1960 y hasta hoy, en Malasia han sido ahorcadas 441 personas, de las que tres fueron enviadas al cadalso entre 2008 y 2010, según el Ministerio del Interior.
De ese número personas ajusticiadas, 228 lo fueron tras haber sido declaradas culpables de tráfico de droga, otras 130 recibieron el mismo castigo por tenencia ilícita de armas de fuego y tres por declarar la guerra al rey de Malasia. El último reo occidental al que los verdugos han ceñido la soga fue el australiano Michael McAuliffe, ahorcado en junio de 1993 en la prisión central de Kajang tras permanecer ocho años encarcelado por la posesión de casi 142 gramos de heroína.
La legislación penal de Malasia contempla la pena capital para la persona declarada culpable de haber sido detenida con más de 15 gramos de cualquier droga de las consideradas duras o de 200 gramos de las calificadas como blandas. Pero también el código mediante el que se juzgan los delitos de droga incluye una “cláusula de presunción” que permite al fiscal y el juez declarar como narcotraficante a toda persona sobre la recaiga la sospecha de que está relacionada con tráfico de droga.
Los grupos de activistas malasios que hacen campaña a favor de la abolición de la pena capital sostienen que el aumento de las condenas a muerte demuestra que estas sirven de muy poco para combatir el creciente tráfico de droga en Malasia, cuya Policía admite que descubre menos del 8 por ciento de la que se produce en el país o llega del exterior. “Ya hemos escuchado demasiadas excusas para mantener en vigor este inhumano y arcaico castigo”, dicen desde Amnistía Internacional. Malasia es uno de los 67 países que en 2010 aplicó la pena de muerte.
SEIS MIL PERUANOS DESDE JAPÓN ESTARÍAN YA DE REGRESO AL PERÚ
Tokyo - Abril 2011.- El número de extranjeros que abandonó el país durante el primer mes, luego del terremoto de 9 grados Ritcher que golpeó Japón el pasado 11 de marzo, fue de 530.000 personas, según informó ayer el Ministerio de Justicia. La mayoría de ellos lo hizo a través del aeropuerto internacional de Narita (Chiba), rumbo a su país de origen, y preocupada por la radiación que emanaba de la central nuclear Fukushima 1, indicó el reporte de las autoridades. Sin embargo, y a medida que las autoridades han ido tomando el control de la situación, la cantidad de salidas ha disminuido considerablemente.
Durante la primera semana luego del terremoto, los registros indican que abandonaron Japón 244.000 extranjeros, la segunda semana el número bajo a 149.000, la tercera a 79.000 y la cuarta semana comprendida entre el 2 y el 8 de abril, la cifra fue de 59.000.
Con respecto a los peruanos, las autoridades no tienen aún las cifras oficiales por nacionalidades, pero según cálculos aproximados de diversas agencias de viaje, los peruanos que regresaron a nuestro país o que lo harían hasta finales de abril serían 6.000, que equivalen al 10% de la colectividad. Japón tiene registrados a poco más de dos millones de extranjeros legales y aproximadamente 130.000 indocumentados. La colectividad más numerosa es la coreana, seguida por la china, la filipina, la brasileña y la peruana. La población económicamente activa dentro del número total de extranjeros alcanzaba a octubre del 2010 los 649.982 trabajadores, de los cuales 259.362 eran obreros.
En cuanto al número de turistas que ingresaron al país, esta cifra también disminuyó de 157.000 a 58.000, solo durante la primera semana posterior al terremoto, y ha continuado cayendo desde entonces con referencia a las cantidades registradas el año pasado durante el mismo período. La compañía Tepco, operadora de la planta nuclear Fukushima 1, indicó que empezará a realizar pagos provisionales a los ciudadanos que se vieron forzados a evacuar los 30 km alrededor de la central.
La iniciativa de la empresa surge luego de un pedido expreso que le hiciera el Gobierno. Las compensaciones siguientes se entregarán a granjeros, agricultores y pescadores, de forma “rápida y justa” y de acuerdo con las indicaciones del Gobierno, indicó Tepco. Según la tabla publicada por Tepco, cada familia mayor a dos miembros recibirá un pago inicial de un millón de yenes (US$12.000), mientras que si se trata de una sola persona, la cifra se reduce a los 750.000 yenes (US$9.000). Según la Sociedad de Energía Atómica de Japón, estabilizar los reactores llevará entre dos y tres meses.
Luego de que Japón comunicara que 28 operarios de la tepco han sido expuestos a elevadas dosis de radiación dentro de los reactores, un grupo de investigadores sugirió recolectar sangre de los trabajadores con la finalidad de almacenar sus células madre. Los doctores Shuichi taniguchi, del hospital toranomon en tokio, y tetsuya tanimoto, de la fundación Japonesa de investigación del cáncer, indicaron que las células madre podrían ayudar a los trabajadores a reconstruir su médula espinal en caso de sufrir alguna enfermedad debido a la radiación.
Japón posee los equipos necesarios para este proceso, pero la comisión de Seguridad nuclear de Japón se ha negado a darle luz verde aduciendo que sería una carga física y psicológica para los trabajadores.